Tras el escándalo Volkswagen, la Comisión Europea acaba de hacer pública la propuesta -que deberá ahora ser negociada entre Eurocámara y Consejo- para controlar el sistema de homologación de vehículos . Con esta propuesta, el Ejecutivo comunitario pretende reforzar el control y devolver la confianza a los consumidores europeos.
El nuevo sistema da a Bruselas la posibilidad de imponer sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo afectado.
Hoy por hoy, la mayoría de Estados miembros designan a los servicios técnicos que son los responsables de certificar los vehículos y garantizar que cumplen con las normas aunque son directamente los fabricantes quienes les pagan.
Ahora serán los Estados miembros quienes reciban todos los pagos, que serán revisados regularmente y de forma independiente, así como revisiones regulares de las autoridades responsables de la homologación.
Por otro lado, la nueva normativa pretende poner el foco de atención, además de en los controles previos sobre los modelos en pruebas, sobre los vehículos que ya están en el mercado.
Los Estados miembros estarán obligados a revisar el funcionamiento del mercado, publicar los resultados y tomar medidas si se detectan fallos antes de que las autoridades de certificación homologuen el vehículo. Además, los certificados tendrán una validez limitada de cinco años y solo podrán renovarse una vez que las autoridades nacionales verifican que el vehículo sigue cumpliendo las normas.
Uno de los cambios más importantes, sin embargo, será el poder que el sistema confiere a Bruselas para supervisar el proceso de homologación, pues podrá realizar inspecciones de verificación y si lo considera necesario pedir la retirada de vehículos, con el objetivo de disuadir e impedir el visto bueno de vehículos deficientes.